El urbanizador Franklin Arandia Perdomo y otros siete directivos de la asociación de vivienda ‘El Portal del Sol’ fueron capturados ayer sorpresivamente en Pitalito.
Por: Andrés Rodríguez.
La detención se produjo en el conjunto residencial ‘La Reserva’. Las órdenes de captura fueron expedidas por el juez municipal de garantías de Íquira.
En el operativo también fueron privados de la libertad la presidenta de la asociación de vivienda, María Fernanda Franco y otros parientes del constructor, entre ellos su hermana, Patricia Arandia, Hobana Delgado, Lucery Delgado Ortiz, Yudy Valenzuela, y Edwin Rubiano, entre otros.
La fiscal 28 seccional Martha Libia Liscano les imputará los delitos de urbanización ilegal y falsedad en documento público, como epílogo de un ‘enredado’ pleito que sostiene con la administración municipal. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata de Pitalito y luego al comando de la Policía.
Las audiencias preliminares se realizarán este viernes, al parecer, en Neiva. Hasta el cierre de esta edición no había certezas sobre la realización de las diligencias.
“Es una captura ilegal. Estamos exigiendo la libertad y vamos a demostrar que este es un atropello, cuando hemos venido denunciando todos los actos de corrupción en el trámite de las licencias en Pitalito”, aseguró la abogada Maribel Buitrago.
Las capturas se produjeron un mes después de las denuncias que los implicados formularan contra funcionarios de la administración de Pitalito y contra la propia fiscal instructora por las irregularidades registradas en el trámite de una licencia para un proyecto de vivienda de interés social, por fuera del perímetro urbano.
Desde antes, Arandia Perdomo puso al descubierto una red de corrupción en el trámite de las licencias de construcción en Pitalito.
Las denuncias
Curiosamente, el 22 de febrero de 2019 el señor Arandia Perdomo, promotor de la ciudadela, radicó ante el fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martinez la denuncia penal contra el alcalde Miguel Antonio Rico, Diana Losada, Cristian Leonardo Tejada, José Ricardo Cruz y Germán Calderón, a quienes acusa de constreñimiento ilegal, abuso de autoridad, prevaricato y otras conductas derivadas del pleito por un proyecto de vivienda.
Arandia Perdomo denunció en su momento que las ‘trabas” fueron colocadas porque no pagó las ‘coimas’ que le pedían. Denunció que primero le pidieron 300 millones de pesos y luego le subieron la ‘vacuna’ a 1.500 millones de pesos.
“Cuando les dije que no les daría ni un solo peso, comenzaron las ‘trabas’, aseguró Arandia en diálogo sostenido la semana pasada con LA NACIÓN.
“Yo dije no le pago a nadie, no se sí será por eso, que se desató la persecución. Y no di plata. Esa es la cruda realidad que está sucediendo en este momento en Pitalito”, afirmó Arandia Perdomo.
La cuestionada licencia de subdivisión (parcelación) fue expedida mediante Resolución de Subdivisión No. 098 de 2017, firmada por el pastor Edgar Núñez, jefe de Planeación, actualmente detenido por el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa.
La licencia correspondía al predio rural denominado ‘Buena Vista Herederos’, ubicado en la vereda Bajo Solarte y registrado con matrícula inmobiliaria No. 206-13386.
Sin embargo, según Arandia Perdomo, por no haber pagado las ‘vacunas’ que le exigían, la licencia fue reversada irregularmente. Primero le pidieron 300 millones de pesos y luego le exigían 1.500 millones.
El jefe Oficina Control Interno José Guillermo Guerrero Velandia aseguró que la licencia no era auténtica y que las firmas no correspondían a la de sus titulares.
Extrañamente el mismo funcionario confirmó que el documento fue impreso en las propias oficinas de la Secretaría de Planeación. El papel utilizado tenía estampada la misma marca que deja la impresora asignada a esa dependencia. Adicionalmente, afirmó que el radicado impreso en el acto administrativo espurio es el mismo que arroja el Sistema de Gestión Documental.
La licencia de la discordia
Lo probado
El funcionario aseguró que la licencia otorgada a Franklin Arandia Perdomo había sido falsificada utilizando el mismo contenido, pero adulterando los datos del propietario.
Además, aseguró que las firmas tampoco corresponden al pastor Edgar Núñez, actualmente detenido ni Miguel Ángel Artunduaga, quien aparece firmando el documento. La misma versión la entregó un funcionario del CTI.
El funcionario aseguró que la licencia original correspondía realmente a Campo Elías Castro Díaz, propietario del predio La Vega, ubicado en la vereda Charguayaco, en el otro extremo de Pitalito.
Ese hecho, originó toda una estrategia para invalidar la licencia. Documentalmente se probó que las firmas del documento efectivamente corresponden al pastor Edgar Núñez, quien la expidió. El dictamen pericial realizado por un Romario Camargo, consultor de la Fiscalía, desvirtuó la versión de la administración municipal.
El señor Campo Elías Castro Díaz, propietario real del predio, negó categóricamente que haya solicitado la referida licencia y denunció que su firma fue suplantada, y anexada irregularmente a la escritura pública, sin su consentimiento.
La denuncia
El 28 de febrero pasado, el señor Campo Elías Castro Díaz denunció ante el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez las irregularidades que se registraron al utilizar indebidamente su nombre y sus datos en la expedición de una licencia falsa.
El campesino, propietario del terreno, declaró que nunca realizó el trámite alguno ante la Oficina de Planeación para solicitar una licencia de construcción y subdivisión (parcelación) y confirmó que la firma que aparece en el documento es falsa.
Confirmó que vendió una parte del terreno para la construcción de una capilla, pero nunca solicitó la licencia. Sin embargo, el documento se expidió
El labriego denunció que la firma estampada en la Resolución 098 de 2017 fue suplantada. “No es mi firma, no reconozco ese documento, no he realizado trámite alguno frente a la entidad de planeación. Es más, les aclaro que jamás he ingresado a la Alcaldía de Pitalito…” expresó Díaz Castro.
El labriego denunció penalmente por estos hechos al alcalde Miguel Antonio Rico y a los funcionarios de planeación, Jaime Fernando Correa y Víctor Hugo Pinzón Ome. Igualmente, al juez primero administrativo de Neiva, Eylen Cenith Salazar y a la fiscal Martha Libia Liscano, quien coordinó la captura de los miembros de la asociación de vivienda.
‘Todo es un montaje’
“La licencia fue expedida por el jefe de Planeación Edgar Núñez Guzmán, quien estaba en ese momento a cargo de la entidad”, afirmó Arandia Perdomo. Después aparecieron todas las trabas. Está probado que el documento en mi poder es auténtico. Todo lo demás es un montaje, orquestado desde la Alcaldía, afirmó.
“Yo solicité la licencia y me la otorgaron legalmente. La licencia la expidió la Oficina de Planeación, está probado que el documento fue diligenciado y digitado por un funcionario de la entidad e impreso en los equipos de esa oficina, como lo confirmó el propio jefe de Control Interno, José Guillermo Guerrero en una auditoria exprés”, afirmó Arandia Perdomo.
Trámites enredados
El alcalde Miguel Antonio Rico Rincón en tiempo récord inició una actuación administrativa para dejar sin puso legal la primera licencia.
El 14 de septiembre de 2017expidió la Resolución 881, declarando la inexistencia de la cuestionada Resolución 098.
Además, la Alcaldía de Pitalito demandó el acto que concedió la licencia, y con el fin de dejar sin efectos la mencionada resolución, solicitó que se decretara una medida cautelar de urgencia, incluyendo la suspensión del registro, la inscripción o la escrituración del inmueble y en concreto, la suspensión de los efectos de la licencia de subdivisión, la inscripción de la demanda en el folio de matrícula y la cesación de todos los actos jurídicos sobre el bien.
El Juzgado Primero Administrativo de Neiva decretó la medida cautelar el 27 de noviembre de 2017, para salvaguardar los derechos e intereses económicos y sociales de las personas que adquirieron o pudieran adquirir de buena fe lotes en el predio rural que fue objeto de una subdivisión presuntamente “ilegal”.
El 9 de enero de 2018, la Registradora de Instrumentos Públicos de Pitalito suspendió los trámites de inscripción de los predios y congeló hasta nueva orden los actos jurídicos (Resolución 001 de 2018) entre otros la protocolización de las escrituras de por lo menos 775 lotes de 105 metros cuadrados, vendidos a 25 millones de pesos.
La asociación de vivienda y 53 de los beneficiarios acudieron a la tutela para recuperar la licencia espuria, irregularmente tramitada en las propias dependencias de la Oficina de Planeación.
Los accionantes controvirtieron la decisión contemplada en la medida cautelar de urgencia, argumentando que no fueron convocados previamente al trámite judicial. Además, demandaron a título de indemnización el pago de los perjuicios causados (lucro cesante y daño emergente).
Sin embargo, el recurso de amparo, no prosperó. El Tribunal Administrativo del Huila mantuvo incólume la medida cautelar y, por lo tanto, la prohibición para registrar o escriturar los lotes, irregularmente enajenados a decenas de personas que creyeron en la urbanización con una licencia falsa. La decisión fue impugnada. El Consejo de Estado negó en febrero del año pasado la tutela.
Información: Ricardo Areiza.
