El contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva quedó en el centro de la controversia tras las denuncias presentadas por los exsupervisores Karina Andrea Losada y Jaime Alberto Sierra, quienes aseguran que sus hojas de vida y datos personales fueron utilizadas sin autorización dentro del proceso contractual que terminó con la adjudicación a la Unión Temporal Nutrineiva OG 2026.
Según las denuncias, la documentación fue presentada ante la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad que adelantó el proceso de adjudicación del PAE Neiva 2026. Ambos profesionales manifestaron que nunca autorizaron el uso de su información, no firmaron documentos ni autenticaron papeles que los vincularan al nuevo contrato.
Karina Andrea Losada señaló que se enteró de la situación por un tercero y posteriormente confirmó que su hoja de vida hacía parte de la propuesta ganadora. “Mi experiencia profesional y datos personales fueron incorporados sin que mediara autorización alguna”, indicó en la denuncia instaurada ante los organismos de control. En el mismo sentido, Jaime Alberto Sierra afirmó que su hoja de vida habría sido incluso modificada, utilizando certificaciones y experiencia laboral sin su consentimiento.
Los dos exsupervisores pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) y la propia Bolsa Mercantil. Las denuncias incluyen presuntos delitos como suplantación de identidad, falsedad en documento privado, uso de documento falso, fraude procesal y uso no autorizado de información personal.
El alcalde de Neiva, Germán Casagua, confirmó que una vez tuvo conocimiento de las denuncias, estas fueron trasladadas a la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad responsable del proceso contractual. El mandatario explicó que, según la respuesta inicial de la BMC, la presentación de esas hojas de vida no era un requisito obligatorio, por lo que actualmente se adelantan procesos de revisión.
“No nos avisaron”
Los denunciantes aseguraron que su vínculo previo con la unión temporal, durante la ejecución del PAE 2024, habría facilitado que el contratista tuviera acceso a sus hojas de vida. Sin embargo, recalcaron que nunca autorizaron su uso para la licitación del 2026. Incluso, Sierra afirmó que al comunicarse con la unión temporal, le indicaron que lo habían incluido porque “iba a trabajar con ellos”, versión que negó categóricamente al señalar que actualmente labora en otra empresa.
El concejal de Neiva Juan Diego Amaya Palencia advirtió que este tipo de irregularidades no son nuevas y recordó que en años anteriores el inicio del PAE se retrasó por presuntas falsificaciones de documentos. El cabildante señaló que, según la información recibida en su despacho, las firmas de los exsupervisores también habrían sido falsificadas, hecho que agrava la situación.
Amaya Palencia cuestionó además que la contratación del PAE se realice a través de la Bolsa Mercantil y no directamente por la Alcaldía mediante SECOP II, como lo permite la Ley 80, lo que —según dijo— daría mayor transparencia y permitiría el control de veedurías, concejales y ciudadanía en general.
El contrato del PAE Neiva es considerado uno de los más importantes del municipio, con un valor estimado entre 20.000 y 30.000 millones de pesos, financiado en un 98 % por recursos del Gobierno Nacional. Mientras avanzan las investigaciones de los entes de control, crece la preocupación por el impacto que esta controversia pueda tener en la ejecución oportuna del programa y, especialmente, en los niños y niñas beneficiarios del sistema de alimentación escolar en la capital del Huila.













































































