La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 009 de 2026 ante el alto riesgo de confrontaciones armadas, violencia selectiva y afectaciones humanitarias en los municipios de Algeciras y Campoalegre, en el departamento del Huila.
El organismo advirtió que el peligro es inminente tanto en las cabeceras municipales como en amplias zonas rurales, debido a la disputa territorial entre tres estructuras armadas ilegales: el Frente ‘Iván Díaz’, la Compañía ‘Árlex Vargas’ y la denominada ‘Segunda Marquetalia’, que recientemente habría retomado presencia en la zona.
Según la Defensoría, el escenario de riesgo se configura por la convergencia de estos grupos con intereses de control territorial. El Frente ‘Iván Díaz’, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, mantenía dominio en el área; posteriormente ingresó la Compañía ‘Árlex Vargas’, del Bloque Central Isaías Pardo, y ahora se suma la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca recuperar su influencia histórica.
Las zonas en mayor riesgo incluyen, en Algeciras, su casco urbano, los corregimientos El Paraíso, La Arcadia y El Toro, así como múltiples veredas entre las que se destacan Alto Cielo, Naranjos, Pinares, Primavera y Bellavista, entre otras. En Campoalegre, la alerta se extiende al casco urbano y veredas como Llano Sur, La Candelaria, Piravante, San Isidro, Los Planes, Venecia y Guayabo, entre otras.
La ubicación estratégica de estos municipios, que conectan al Huila con el Caquetá —especialmente con San Vicente del Caguán y Puerto Rico— y con la Ruta 45, los convierte en corredores clave para la movilidad de recursos y el fortalecimiento de economías ilegales.
La Defensoría advierte que podrían replicarse patrones de violencia similares a los registrados en el norte del Caquetá, incluyendo combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados. De hecho, ya se evidencian señales de recrudecimiento: en Algeciras se registraron 29 homicidios en 2025, además de hechos recientes como ataques con explosivos y el asesinato de un líder comunal en enero de 2026.
El informe también alerta sobre la imposición de una “gobernanza armada”, caracterizada por restricciones a la movilidad, extorsiones masivas a comerciantes, transportadores y agricultores, así como la utilización de panfletos y citaciones forzadas. Incluso, algunos líderes comunales estarían siendo presionados para colaborar con estos grupos bajo amenaza.
En materia de derecho internacional humanitario, preocupa el posible uso de minas antipersonal y otros explosivos para controlar corredores estratégicos, así como el riesgo de que la población civil sea utilizada como escudo humano en medio de la disputa.
El riesgo es especialmente crítico para firmantes de paz —38 en Algeciras y 19 en Campoalegre—, quienes enfrentan amenazas, atentados y presiones para vincularse nuevamente a estructuras ilegales. Asimismo, niños, niñas y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado, principalmente en zonas rurales.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió 20 recomendaciones dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de implementar medidas urgentes de prevención, protección y atención humanitaria.
El llamado es a actuar de manera inmediata para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades, garantizar el respeto por los derechos humanos y evitar una escalada de violencia en esta zona del país.