La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Claudia Liliana Espitia Garrido, hallada responsable de un hurto agravado continuado y falsedad en documento privado por la defraudación a la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila), descubierta en 2013. La sentencia confirma 128 meses de prisión (10 años y 8 meses), sin beneficios, y mantiene la orden de captura internacional. La condenada permanece prófuga en Estados Unidos.
La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, concluyó que la responsabilidad penal de Espitia Garrido se sustentó en un patrón reiterado de fraude, probado con un acervo probatorio robusto e inescindible. La Corte rechazó los cargos de nulidad y desestimó la tesis defensiva que pretendía recalificar los hechos como estafa. Para el alto tribunal, no hubo disposición patrimonial voluntaria de la universidad: el dinero fue apoderado sin consentimiento, mediante maniobras internas fraudulentas.
Robo continuado con 391 cheques falsificados
El fallo determinó que el desfalco se ejecutó a través del cobro de 391 cheques apócrifos, 332 girados contra Banco Caja Social y 59 contra Bancolombia. Los títulos contenían sellos institucionales y firmas falsificadas del entonces rector Virgilio Barrera Castro. La Corte calificó a las entidades bancarias como “terceros instrumentales”, al haber pagado los cheques tras validaciones internas manipuladas por funcionarios implicados.
Cómo se destapó el fraude
La irregularidad fue detectada en una revisoría fiscal de 2013 por la contadora Esperanza Ramos Botello, quien advirtió un desbalance sin soportes. Auditorías posteriores acreditaron un desfalco total de $1.889 millones, hecho que derivó en la salida del rector Barrera. El rector sucesor, Roque González Garzón, formalizó las denuncias por giros irregulares desde el área contable.
Roles y evidencia técnica
El expediente reconstruyó una operación interna coordinada. La tesorera Sandra Liliana Flórez Tique custodiaba chequeras y sellos y confirmaba telefónicamente los pagos ante los bancos; su proceso avanza en causa separada. El auxiliar Karol Jeovanny Becerra Hernández, primer condenado en 2020, manipuló el software contable para ocultar egresos.
La prueba pericial fue determinante: la dactiloscopía vinculó a Espitia Garrido con los cobros (coincidencias de huella en los reversos); la grafotecnia estableció que las firmas del rector eran imitaciones; y el análisis contable acreditó el patrón sistemático de pagos sin contraprestación. La procesada figuró como beneficiaria directa de 93 cheques y endosataria de 298, estampando su huella para el cobro en ventanilla.
Primera y segunda instancia, confirmadas
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva profirió la condena el 17 de junio de 2022, negando prisión domiciliaria y suspensión de la pena e imponiendo inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo lapso. La decisión fue confirmada en septiembre de 2022. La defensa acudió a casación alegando fallas en el descubrimiento probatorio (entrega de copias y no originales), argumento rechazado por la Corte al no demostrarse afectación real del derecho de defensa.
Extradición y situación actual
Inadmitida la casación el 21 de enero de 2026, la sentencia quedó en firme. Espitia Garrido fue declarada persona ausente desde 2017 y pesa sobre ella circular roja de Interpol revalidada en 2021. Tras huir a España, se estableció en Miami-Dade (Florida). Con la firmeza del fallo, procede la solicitud formal de extradición para el cumplimiento efectivo de la pena en Colombia.
Conclusión
Para la Corte, los 391 cheques no fueron hechos aislados sino eslabones de un robo continuado que drenó casi $2.000 millones del patrimonio universitario. La decisión reafirma la solidez probatoria del proceso y cierra la vía ordinaria de impugnación, dejando a la extradición como el paso siguiente para hacer efectiva la condena.