La Cruz Roja Colombiana Seccional Huila interpuso una demanda contra la Alcaldía de Neiva por el no pago de más de 384 millones de pesos, correspondientes a la atención integral de 57 adultos mayores del Hogar de Ancianos San Matías, servicio que la entidad humanitaria asegura haber prestado durante más de dos meses sin contrato vigente, con el fin de evitar dejar desprotegida a esta población vulnerable.
La acción judicial fue instaurada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el medio de control de reparación directa, bajo la figura jurídica del enriquecimiento sin justa causa (Actio In Rem Verso), e incluye pretensiones de condena, reconocimiento de intereses moratorios, indexación monetaria y costas procesales.
Un servicio prestado sin respaldo contractual
De acuerdo con la demanda, el conflicto se origina tras la finalización del contrato de colaboración No. 2067, suscrito el 28 de junio de 2023 entre el Municipio de Neiva y la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, durante la administración del entonces alcalde Gorky Muñoz Calderón.
Dicho convenio tenía como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la atención integral, cuidado y alojamiento de la población adulta mayor albergada en el Centro de Bienestar del Anciano. El contrato tuvo una vigencia total de nueve meses y cinco días, incluidos dos meses adicionales, y un valor global de $1.649 millones.
Según lo expuesto, el plazo máximo de ejecución se cumplió el 11 de abril de 2024, fecha en la que ya había asumido la Alcaldía de Neiva el actual mandatario German Casagua, sin que el convenio fuera renovado ni se suscribiera uno nuevo.
Advertencias sin respuesta
La Cruz Roja señaló que, una vez vencido el contrato y agotados los recursos, no se emitió acto administrativo alguno que garantizara la continuidad formal del servicio. Ante esta situación, la entidad envió comunicaciones los días 12 y 30 de abril de 2024 a la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, informando el vencimiento del convenio y solicitando instrucciones claras sobre la continuidad del servicio o la entrega de los adultos mayores a otro operador designado por el Municipio.
No obstante, dichas solicitudes no recibieron respuesta concreta, lo que, según la ONG, evidencia una falta de gestión administrativa por parte de la administración municipal.
Continuidad por deber humanitario
Pese a la inexistencia de un contrato vigente, la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila continuó prestando el servicio de manera completa, continua y efectiva entre el 12 de abril y el 18 de junio de 2024, periodo durante el cual asumió con recursos propios los costos de alimentación, alojamiento, atención básica en salud, cuidado permanente y servicios generales.
“La Cruz Roja se vio materialmente obligada a continuar con la prestación del servicio, dado que una suspensión abrupta habría puesto en riesgo los derechos fundamentales de los adultos mayores”, se lee en el escrito judicial, donde se recalca que la decisión obedeció exclusivamente a la naturaleza humanitaria de la institución y a la protección de una población de especial protección constitucional.
Intentos fallidos de conciliación
Tras finalizar el periodo de atención sin contrato, la Cruz Roja remitió nuevas comunicaciones a la Alcaldía solicitando el reconocimiento y pago de los servicios prestados. Asimismo, manifestó su disposición para adelantar mesas de conciliación administrativa en febrero y septiembre de 2025, con el fin de evitar un litigio judicial.
Sin embargo, dichas gestiones no prosperaron. Incluso, en agosto de ese mismo año, se presentó un derecho de petición dirigido directamente al alcalde German Casagua, sin que se lograra una solución a la controversia.
$384 millones en disputa
Ante la falta de una respuesta efectiva, la entidad acudió a la justicia solicitando que el Municipio de Neiva sea condenado a pagar la suma de $384 millones, monto correspondiente al servicio prestado durante el periodo mencionado, además del reconocimiento de intereses moratorios, actualización conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y costas del proceso.
La demanda se fundamenta en la figura del enriquecimiento sin justa causa, al considerar que la administración municipal se benefició patrimonialmente de un servicio público esencial sin asumir el costo correspondiente.
“El Municipio obtuvo un beneficio cierto y cuantificable, consistente en la atención integral de una población vulnerable, sin que exista una causa jurídica válida que justifique la ausencia de pago”, argumentó la Cruz Roja.
Crisis financiera de la entidad
El conflicto se da en medio de una grave crisis financiera que atraviesa la Cruz Roja Seccional Huila. En diciembre del año anterior, su presidente, Gustavo Enrique Almario Mayor, advirtió públicamente que la entidad podría verse obligada a detener completamente su operación en el departamento debido a la falta de flujo de caja.
Según explicó, la pérdida de contratos y la deuda pendiente con la Alcaldía de Neiva han puesto en riesgo la continuidad de programas humanitarios y el empleo de 30 personas vinculadas de manera directa y 50 de forma indirecta.
“Si nos hubieran pagado mensualmente esa plata, no estaríamos en esta crisis tan grave. Nosotros deberíamos estar cerrando proyectos, no cerrando la Cruz Roja”, expresó en su momento.
Respuesta del alcalde Casagua
Aunque el alcalde German Casagua no se pronunció recientemente sobre la demanda, en declaraciones anteriores atribuyó la crisis a un déficit de $89 mil millones heredado de la administración anterior, asegurando que su gobierno ha priorizado el pago de deudas históricas.
El mandatario sostuvo que su administración ha pagado más de $50 mil millones de obligaciones pasadas, aunque reconoció que, debido a la situación financiera, no ha sido posible saldar todas las deudas en un corto plazo.
Ahora será un juez de la República quien determine si se configuran los elementos del enriquecimiento sin justa causa y si procede el pago de los recursos reclamados por la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila.