El año 2026 se perfila como un periodo decisivo para la Corte Suprema de Justicia, que deberá adoptar determinaciones trascendentales en algunos de los escándalos de corrupción más sensibles de los últimos años, relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Estas definiciones judiciales coincidirán con el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro y con el desarrollo del calendario electoral, que incluye elecciones legislativas y presidenciales en el primer semestre del año.
El receso judicial de 2025 concluye bajo la expectativa de un 2026 marcado por una intensa actividad política y judicial. En este escenario, el alto tribunal se prepara para resolver procesos que involucran presuntas irregularidades contractuales y redes de corrupción que habrían operado al interior de entidades clave del Estado, con posibles implicaciones para altos funcionarios y congresistas.
Uno de los casos de mayor impacto es el que lidera la magistrada Cristina Lombana en la Sala Especial de Instrucción, relacionado con la investigación contra el senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U. El proceso busca establecer si el congresista fue beneficiario de contratos presuntamente amañados, que habrían sido gestionados con la intermediación del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y con el presunto conocimiento del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Dentro del expediente, la magistrada Lombana cuenta con elementos probatorios relevantes, entre ellos testimonios y conversaciones aportados por Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien ha entregado información clave sobre la supuesta red de contratación irregular que operaba entre distintas entidades del Estado.
Sin embargo, el avance de estas investigaciones no ha estado exento de tensiones internas al interior de la Corte Suprema. En la Sala Especial de Instrucción se han presentado fricciones entre magistrados, luego de que Lombana cuestionara públicamente al presidente de esa instancia, César Reyes, a quien señala de haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones. La controversia se intensificó tras declaraciones de una exjueza penal militar, quien sugirió que Reyes habría intentado ofrecer beneficios procesales a Sandra Ortiz.
Adicionalmente, se presentó una disputa por la competencia de los expedientes relacionados con cinco integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Finalmente, estos procesos quedaron en manos del magistrado Misael Rodríguez, quien adelanta las investigaciones por presunto cohecho impropio.
En cuanto a la situación jurídica del senador Julio Elías Chagüi, la Corte Suprema determinó, a finales del año pasado, que las irregularidades que se le atribuyen corresponden a “situaciones distintas” a las investigadas directamente en el caso de la Ungrd. Esta decisión se fundamenta en que su expediente no se limita a esa entidad, sino que incluye presuntas irregularidades en contratos vinculados al Invías, lo que amplía el alcance y la complejidad del proceso.
Con estos expedientes en curso, el 2026 se proyecta como un año de definiciones para la justicia colombiana, en el que los fallos de la Corte Suprema de Justicia podrían tener un impacto significativo en el panorama político e institucional del país, en un contexto marcado por el cierre de un gobierno y la renovación del poder a través de las urnas.
