La disputa territorial entre comunidades indígenas del Huila y del Cauca por cerca de 49 mil hectáreas del Parque Nacional Natural Puracé se intensifica, luego de que un juez de la República ordenara suspender provisionalmente el proceso de adjudicación de estos predios.
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva, a cargo del juez Armando González Torres, admitió una acción de tutela interpuesta por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), mediante la cual se busca proteger derechos fundamentales como la consulta previa, el debido proceso administrativo y la integridad cultural de las comunidades indígenas del sur del departamento.
Como medida cautelar, el despacho judicial ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) abstenerse de incluir en su agenda cualquier decisión relacionada con la ampliación del resguardo indígena Kokonuko y Yanacona de Paletará, proceso que pretendía incorporar estas áreas dentro de su territorio. Esta suspensión se mantendrá hasta que se emita un fallo de fondo.
Según el CRIHU, las comunidades indígenas huilenses —entre ellas Casica Ibanasca, Nuna Rumy, Fill Vits, Rumiyaco, San José, Piskwe Ihk, Nam Misak, Nuevo Amanecer y Juan Tama— se oponen a la ampliación, argumentando que el territorio en disputa posee un alto valor ancestral, espiritual y ambiental, donde se ubican sitios sagrados fundamentales para sus prácticas culturales y cosmogónicas.
La tutela advierte que la ANT habría omitido responder a las oposiciones presentadas desde 2025, además de no garantizar el proceso de consulta previa ni adelantar estudios técnicos suficientes, lo que, según los demandantes, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la autonomía territorial de estas comunidades.
Asimismo, el CRIHU enfatiza que cualquier intervención en estos territorios debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, conforme a sus usos y costumbres, y en respeto de su cosmovisión y organización ancestral.
Por su parte, los resguardos Kokonuko y Yanacona de Paletará, del departamento del Cauca, han argumentado que en estas áreas también existen sitios sagrados para sus comunidades, como la laguna del Buey, Laguna Verde, el nacimiento del río Cauca y el cerro El Cubilete, lo que sustenta su solicitud de ampliación territorial.
En el marco del proceso, el juez ordenó vincular a diversas entidades e instituciones, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), así como varias alcaldías del Huila y Cauca, con el fin de que se pronuncien sobre los hechos en un término perentorio.
De igual forma, la Gobernación del Huila presentó una acción de coadyuvancia respaldando la tutela, al considerar que el proceso adelantado por la ANT presenta fallas en el debido proceso, ausencia de pruebas técnicas suficientes y desconocimiento de las comunidades indígenas asentadas en el territorio huilense.
El Gobierno departamental sostiene que la decisión de la ANT carecería de sustento probatorio y vulneraría principios fundamentales como la verdad material y la motivación de los actos administrativos, lo que podría afectar la seguridad jurídica y territorial de la región.
Mientras avanza el proceso judicial, la medida provisional mantiene en pausa cualquier intento de adjudicación de estas tierras, consideradas de alto valor ambiental y cultural, a la espera de una decisión definitiva que defina el futuro de este conflicto territorial.
