La Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad del Gobierno Nacional encargada de liderar la Reforma Agraria, manifestó su rechazo categórico frente a la ocupación ilegal de predios privados en el departamento del Huila.
La entidad recordó que estas acciones, realizadas por vías de hecho, constituyen un delito tipificado en el Artículo 263 del Código Penal, y subrayó que no son el camino para atender las demandas de tierra de las comunidades campesinas, indígenas o de firmantes de paz.
Pese a estos episodios, la ANT resaltó los avances alcanzados en el ordenamiento social de la propiedad rural en la región. Bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, se han entregado más de 9.000 hectáreas de tierra a organizaciones campesinas, comunidades indígenas, mujeres rurales y firmantes del acuerdo de paz. Asimismo, se han formalizado 2.300 hectáreas adicionales y otras 20.000 se encuentran en proceso, lo que garantiza seguridad jurídica y nuevas oportunidades de vida a cientos de familias huilenses.
En paralelo, la Agencia ha promovido espacios de diálogo como herramienta central para resolver las tensiones en torno a la tierra. Actualmente, funcionan en el departamento 25 Comités Municipales de Reforma Agraria, 20 ofertas institucionales y 14 mesas de trabajo permanentes con participación de comunidades y entidades públicas.
No obstante, el panorama sigue siendo complejo. Solo en lo corrido de 2025 se han registrado al menos cinco ocupaciones ilegales de predios ganaderos en el Huila, impulsadas por demandas agrarias y presiones de grupos armados ilegales. En agosto se reportaron invasiones en las fincas El Cedro y Villa San José, mientras que en septiembre se registraron afectaciones en El Predio, Villa San José y Aguabonita.
La ANT hizo un llamado a las comunidades rurales a canalizar sus solicitudes de acceso a la tierra por las vías institucionales, reiterando que el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego mantiene su compromiso con la Reforma Agraria, los acuerdos de paz y la defensa de los derechos campesinos e indígenas sin estigmatización.
“Con diálogo, institucionalidad y garantías jurídicas avanzamos en la Reforma Agraria, pero rechazamos las ocupaciones irregulares que atentan contra la convivencia y la ley”, expresó la dirección de la Agencia.
