Las señaladas habilitaban quirófanos improvisados en viviendas de varios barrios de la ciudad y realizaban procedimientos sin contar con formación médica. Más de 20 mujeres habrían resultado con lesiones permanentes y complicaciones graves.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres mujeres que, al parecer, se dedicaban a realizar procedimientos estéticos invasivos en inmuebles de Medellín (Antioquia), sin tener la idoneidad ni el conocimiento profesional para hacerlo. Las intervenciones habrían dejado graves afectaciones físicas y emocionales a, por lo menos, 24 víctimas.
De acuerdo con la investigación, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo acondicionaban viviendas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, en las que instalaban quirófanos improvisados, sin las mínimas condiciones de higiene, salubridad o equipos médicos adecuados.
A estos lugares acudían decenas de mujeres que conocían sus servicios a través de redes sociales, donde se ofrecía un supuesto procedimiento de “lipólisis láser con transferencia glútea”. La Fiscalía estableció que, en total, 48 mujeres fueron atendidas bajo estas condiciones irregulares.
Las señaladas, según el material probatorio, participaban directamente en las intervenciones quirúrgicas y realizaban otras labores médicas para las cuales no tenían autorización, como la aplicación de anestesia local, administración de medicamentos, masajes postoperatorios y atención posterior al procedimiento.
Las víctimas reportaron infecciones, deformidades, limitaciones funcionales permanentes y complicaciones graves de salud. Además, al intentar comunicarse con las responsables para reclamar por las lesiones sufridas, no recibieron respuesta ni acompañamiento alguno.
Con base en la evidencia recopilada, la Fiscalía imputó a las tres procesadas los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. Ninguna de las mujeres aceptó los cargos.
Por disposición del juez de control de garantías, las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen más víctimas de sus prácticas ilegales.
