La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota.
Los hechos investigados se habrían registrado entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, en el pabellón de alta seguridad destinado a internos extraditables, durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad. Según el ente de control, en ese periodo se habrían realizado actividades no autorizadas, incluyendo conciertos con reconocidos cantantes vallenatos.
La medida disciplinaria cobija al entonces director encargado del centro penitenciario, Carlos Hernán Camacho; al capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez; y a los dragoneantes Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón de alta seguridad, entre ellos bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y comunicación, dinero en efectivo y sustancias alucinógenas. Asimismo, se señala la realización de conciertos y juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.
Para el Ministerio Público, estas conductas podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario, teniendo en cuenta las estrictas condiciones de control que rigen en un pabellón de alta seguridad.
En ese sentido, la Procuraduría considera que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas establecidas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario, relacionados con el control de ingreso de elementos permitidos y prohibidos.
Finalmente, el organismo de control reiteró que la vigilancia y el cumplimiento de las normas dentro del sistema penitenciario son fundamentales para garantizar la seguridad institucional, el respeto por la ley y la confianza de la ciudadanía en las entidades del Estado.
