Habitantes de los sectores El Juncal y Villa Juncal, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, denunciaron una grave problemática de contaminación ambiental que, según la comunidad, se extiende desde hace más de diez años sin una solución definitiva. La situación motivó la realización de un plantón y bloqueo de la vía principal, como medida de presión para exigir acciones concretas por parte de las autoridades.
De acuerdo con los manifestantes, los malos olores persistentes y presuntos vertimientos contaminantes afectan de manera directa a una población estimada en más de 10.000 personas, impactando la calidad de vida y generando posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños y adultos mayores.
El foco de la denuncia es la empresa Harinas Cárnicas del Huila, una planta dedicada al procesamiento de residuos de la industria piscícola —como vísceras y espinas— para la fabricación de alimento para peces. Según los habitantes, el proceso de incineración de estos desechos produce olores nauseabundos que se expanden hasta por tres kilómetros, alcanzando sectores como Papagayo, El Juncal, Villa Juncal y el cruce vial hacia el municipio de Rivera.
Afectaciones a la salud y al medio ambiente
Edwar Mosquera, residente de Villa Juncal, aclaró que la comunidad no exige el cierre de la empresa, sino el cumplimiento de los estándares ambientales. “Nuestra pelea es por los malos olores y la contaminación ambiental. Hemos llegado a acuerdos en varias ocasiones, pero no se cumplen. No pedimos que se vaya la empresa, sino que maneje adecuadamente los desechos”, señaló.
Por su parte, Pedro Antonio Polanía, habitante del sector, alertó sobre una posible afectación al recurso hídrico. “Estamos observando que las aguas negras y sucias estarían llegando directamente al río Magdalena. Además, hay personas con problemas respiratorios derivados de estos olores”, afirmó.
La comunidad también manifestó su inconformidad con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), argumentando que, aunque se realizan visitas técnicas tras cada protesta, no se evidencian sanciones ni mejoras sostenidas que obliguen a la empresa a mitigar de manera permanente el impacto de su operación.
Intervención de la Alcaldía y complejidad jurídica
El alcalde de Palermo, Kleiver Oviedo Farfán, se desplazó hasta el lugar para mediar en el conflicto. El mandatario reconoció que se trata de una situación compleja desde el punto de vista técnico, legal y social, debido a la coexistencia entre la actividad industrial y la expansión urbana.
Oviedo explicó que el Municipio enfrenta un dilema jurídico relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Mientras la empresa sostiene que las urbanizaciones se realizaron sin las licencias correspondientes, los residentes apelan al principio de confianza legítima tras años de asentamiento. “Si se ordena el traslado de la empresa, el Municipio podría enfrentar demandas. Y si se ordena la demolición de las viviendas, hablamos de más de 200 casas y un costo que difícilmente podría asumir la administración”, precisó.
Acuerdos y mesa de diálogo
Tras varias horas de diálogo entre la Alcaldía de Palermo, la CAM, representantes de la Gobernación del Huila y líderes comunitarios, se logró el levantamiento del bloqueo vial. Como principal acuerdo, se estableció la instalación de una mesa de diálogo técnica de alto nivel, programada para el 15 de enero a las 10:00 a. m., con la participación de la empresa señalada, autoridades ambientales y voceros de la comunidad.
José Marín Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Juncal, confirmó el cese de la manifestación tras la firma del compromiso. “Levantamos el plantón gracias a la mediación del alcalde. Esperamos que en esta mesa de alto nivel se logre una solución real y definitiva para la comunidad”, expresó.
Mientras se desarrolla la mesa técnica, la autoridad ambiental realizará monitoreos permanentes en el sector, con el objetivo de verificar las condiciones de operación de la planta y avanzar en la implementación de tecnologías de mitigación de olores y control de vertimientos, las cuales —según la administración municipal— permitirían una solución técnica al conflicto.
