Contraloría pide austeridad y recorte del gasto ante posible emergencia económica

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En medio de la expectativa por la declaratoria de una emergencia económica por $16 billones, la Contraloría General de la República hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que descarte esta medida y adopte, en su lugar, una estrategia responsable, austera y equilibrada, centrada en el recorte del gasto público.

El pronunciamiento se da mientras el presidente Gustavo Petro insiste en la urgencia de recursos para atender lo que ha denominado una “crisis económica grave”, derivada, según él, del pago de la deuda heredada del anterior gobierno. El decreto de emergencia —conocido como “decreto sombrilla”— ya estaría firmado y permitiría expedir medidas tributarias extraordinarias.

Presupuesto desfinanciado

En un comunicado contundente, la Contraloría recordó que el Presupuesto General de la Nación 2026 fue aprobado por el Congreso con un desequilibrio fiscal:

  • Ingresos: $530,7 billones

  • Gastos: $546,9 billones

La brecha de $16,29 billones dependía de la aprobación de una Ley de Financiamiento, que finalmente fue negada por el Congreso. Ante este escenario, el ente de control aseguró que “al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto”.

No obstante, advirtió que el ajuste no será sencillo, debido a la alta rigidez presupuestal, pues cerca del 92 % del presupuesto es inmodificable, principalmente por gastos obligatorios.

¿Dónde recortar?

Para 2026, el Presupuesto se distribuye así:

  • 65,5 % en gastos de funcionamiento ($358,1 billones)

  • 18,4 % en servicio de la deuda ($100,4 billones)

  • 16,1 % en inversión ($88,4 billones)

La Contraloría descartó un recorte directo al pago de la deuda, recordando que Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento de sus compromisos crediticios. Sin embargo, señaló que podrían realizarse operaciones de manejo de deuda para reducir parcialmente este gasto.

También alertó sobre la rigidez en gastos de personal, pensiones y transferencias, especialmente las del Sistema General de Participaciones, aunque sugirió que el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en contratación, viáticos y gastos operativos.

En cuanto a la inversión, indicó que es el rubro con mayor flexibilidad y recomendó priorizar proyectos con alto impacto macro-regional y que contribuyan a la estabilidad económica.

Baja ejecución preocupa

Otro punto crítico es la ejecución presupuestal. Según la Contraloría, en 2024 solo se obligó el 83,1 % del presupuesto total, y en inversión apenas el 57 %.
Para 2025, con corte al 15 de diciembre, la ejecución alcanza el 79,9 %, pero la inversión preocupa aún más, con solo 52,8 % comprometido, a pocos días de finalizar el año.

La postura del Gobierno

El presidente Petro reiteró, a través de la red social X, que las condiciones para la emergencia económica “son evidentes”. Además, advirtió que si la Corte Constitucional tumba el decreto, aumentará el riesgo país y se agravará la crisis de la deuda.
“No es una amenaza, es simple economía”, afirmó.

El mandatario insistió en que las medidas se enfocarán en que los nuevos recursos provengan de los sectores más ricos, asegurando que se trata de una “devolución mínima” de los beneficios obtenidos.

Opiniones encontradas

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó la emergencia como inconstitucional, al considerar que la crisis es “autogenerada” por el propio Gobierno, debido al aumento del gasto y la incertidumbre económica.
En contraste, la representante a la Cámara por el Huila, Leyla Rincón, expresó su respaldo a medidas que permitan evitar una crisis fiscal y proteger la inversión social.

Medidas que traería la emergencia

De acuerdo con información oficial y extraoficial, las medidas que se aplicarían inicialmente por 30 días incluyen:

  • No deducibilidad de regalías para industrias extractivas.

  • Impuesto al patrimonio desde $2.000 millones, con tarifas de hasta 5 %.

  • Sobretasa al sector financiero.

  • IVA a bebidas alcohólicas (excepto artesanales y cerveza).

  • Impuesto adicional al tabaco y vapeadores.

  • IVA del 19 % a juegos de azar en línea.

  • Aumento del impuesto a ganancias ocasionales por rifas y apuestas.

  • Posible cambio del 4×1.000 al 5×1.000 para movimientos mensuales superiores a $13 millones.

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