La historia de Lina María Polanco Andrade expone con crudeza la precarización laboral que durante años ha afectado a trabajadores del sector salud en Colombia. Lo que inició en 2001 como una vinculación mediante contratos de prestación de servicios en la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, terminó convirtiéndose en un prolongado calvario de más de dos décadas marcado por la inestabilidad, la subordinación y la negación de derechos laborales.
Durante cerca de once años, la profesional ejerció funciones propias de una bacterióloga de planta, cumpliendo turnos de cuatro, seis y ocho horas, incluyendo jornadas nocturnas y disponibilidad permanente, bajo directrices de la entidad. Sin embargo, su vinculación se mantuvo bajo modalidades contractuales como prestación de servicios, convenios asociativos y cooperativas, lo que le impidió acceder a prestaciones sociales, vacaciones y demás garantías laborales.
Según se evidenció en el proceso, Lina María no contaba con autonomía real en el desarrollo de sus funciones. Recibía órdenes directas, era trasladada entre sedes como Granjas, IPC y Las Palmas, y sus horarios eran definidos por la coordinación, lo que configuraba una relación de subordinación propia de un vínculo laboral formal. A pesar de ello, la entidad mantuvo la figura contractual para evitar responsabilidades patronales.
Además, la profesional debió asumir de su propio bolsillo los aportes al sistema de salud y pensión, mientras desempeñaba labores misionales fundamentales para la prestación del servicio público de salud.
El inicio de la batalla judicial
Tras finalizar su vínculo en 2011, Lina María inició un proceso judicial en busca del reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, este camino se convirtió en otro extenso viacrucis. Durante años, la entidad negó la existencia de una relación laboral, argumentando que cada contrato era independiente y ajustado a la Ley 80 de 1993.
Las administraciones de la época mantuvieron esta postura, obligando a la profesional a demostrar en instancias judiciales lo que, en la práctica, era evidente: la existencia de una relación laboral encubierta.
El fallo del Consejo de Estado
El 8 de julio de 2021, el Consejo de Estado emitió un fallo clave en el que reconoció la existencia de un “contrato realidad”, es decir, una relación laboral de facto entre Lina María Polanco y la ESE Carmen Emilia Ospina.
La decisión determinó que se configuraban los tres elementos esenciales de un vínculo laboral: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. En consecuencia, ordenó el pago de prestaciones sociales y aportes a pensión correspondientes al periodo comprendido entre 2005 y 2011.
No obstante, el reconocimiento fue parcial, dejando por fuera los primeros años de servicio debido a limitaciones jurídicas, lo que evidenció, una vez más, las barreras del sistema.
El pago, tras años de espera
A pesar del fallo, el cumplimiento de la sentencia no fue inmediato. Lina María tuvo que enfrentar un nuevo proceso para lograr el pago efectivo de lo adeudado. Solo hasta el 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Huila aprobó un acuerdo de transacción que permitió cerrar el caso.
Según lo establecido, la entidad canceló las sumas correspondientes a prestaciones sociales indexadas, intereses y costas judiciales, mientras que los aportes pensionales fueron girados a Colpensiones, por tratarse de derechos irrenunciables.
Con esta decisión, el magistrado ordenó la terminación del proceso, el levantamiento de medidas cautelares y el archivo definitivo del expediente.
Un caso que refleja una práctica extendida
Más allá del caso individual, este proceso dejó al descubierto una práctica reiterada en el sector salud: el uso de contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones laborales permanentes.
Durante años, la ESE operó bajo una figura jurídica que, en la práctica, desconocía derechos fundamentales de sus trabajadores, una situación que, según expertos, aún persiste en distintas entidades del país.
Una victoria tardía
Aunque Lina María Polanco logró el reconocimiento de sus derechos, la justicia llegó después de 25 años desde el inicio de su vinculación y más de 15 años de batalla judicial.
Su caso se convierte en un referente sobre la necesidad de revisar las condiciones laborales en el sector salud y garantizar que quienes prestan servicios esenciales lo hagan bajo condiciones dignas y conforme a la ley.
La historia de esta bacterióloga no solo evidencia una lucha individual, sino que también plantea un llamado de atención sobre un modelo de contratación que, lejos de ser excepcional, continúa afectando a cientos de profesionales en Colombia.
