Con el objetivo de fortalecer la economía de pequeños productores agrícolas y garantizar la soberanía alimentaria del país, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), anunció la adquisición de más de 3.000 toneladas de arroz cultivado por organizaciones campesinas colombianas.
Este cereal será destinado a la alimentación de niños, niñas y familias beneficiarias de los programas sociales del ICBF.
Esta medida, impulsada bajo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, hace parte de una política integral de compras públicas locales que busca dinamizar el desarrollo económico en las zonas rurales del país. El anuncio se consolida como una muestra concreta del compromiso del Gobierno con la reactivación del campo, a través de la articulación institucional y el fortalecimiento de los sistemas productivos locales.
Compras públicas como motor del agro nacional
La iniciativa representa un paso importante hacia la implementación efectiva del modelo de abastecimiento estatal con productos nacionales, priorizando la adquisición a asociaciones campesinas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, madres comunitarias y asociaciones de padres de familia, tal como lo establece la Ley de Compras Públicas Locales. No obstante, este año el Gobierno va más allá de la exigencia mínima del 30%, asegurando que el 100 % del arroz adquirido por el ICBF será colombiano.
“El arroz que alimenta a miles de niños, niñas y familias en los programas del Bienestar Familiar será 100 % colombiano, cultivado con manos campesinas gracias a esta alianza con el Ministerio de Agricultura. Ya no solo el 30 % que exige la ley”, afirmó Astrid Cáceres, directora general del ICBF, al destacar la transformación estructural que esta decisión implica en el vínculo del Estado con los productores del campo.
Apoyo integral al sector arrocero
La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, explicó que esta estrategia responde a un enfoque de derechos y justicia económica, en el que se articulan la garantía del derecho humano a la alimentación con el fortalecimiento de la producción nacional y la generación de empleo rural:
“Con esta decisión se apuesta a la producción de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación, la generación de empleo y el desarrollo integral de las comunidades rurales”, aseguró la funcionaria.
La compra del arroz, además de abastecer los programas de alimentación directa del ICBF, se destinará en parte a la producción de Bienestarina, el tradicional suplemento nutricional del Instituto, elaborado con materias primas nacionales. Para este propósito, se han destinado 270 toneladas de harina de arroz, también adquiridas a pequeños productores organizados.
Medidas complementarias y enfoque territorial
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, actualmente existe una disponibilidad suficiente de arroz proveniente de organizaciones de base, lo que facilita la implementación de esta política. A su vez, la medida se complementa con otras herramientas institucionales dirigidas al sector, como:
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Incentivos directos a la comercialización para pequeños productores,
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Activación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, y
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Asistencia técnica para mejorar la productividad y sostenibilidad de la cadena arrocera.
Estas acciones hacen parte de un enfoque integral que busca reducir la dependencia de importaciones, dinamizar las economías rurales y posicionar al campesinado como actor estratégico en la construcción de la soberanía alimentaria del país.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional reafirma su voluntad de consolidar un modelo de desarrollo rural con equidad, donde las compras públicas no solo abastecen programas sociales, sino que también se convierten en herramientas de transformación estructural en los territorios.
