La nueva reforma tributaria impulsada por el presidente Gustavo Petro ha reabierto un debate que por años ha estado sobre la mesa: que las iglesias en Colombia paguen impuestos por sus actividades comerciales no asociadas al culto religioso.
La propuesta busca que aquellas congregaciones que desarrollen negocios como cafeterías, hoteles, centros vacacionales, librerías, estacionamientos o planes de turismo religioso, contribuyan con el impuesto de renta y complementarios del régimen ordinario, tal como ocurre con cualquier empresa o persona natural que genere ingresos en el país.
El Ministerio de Hacienda ha recalcado que la medida no pretende gravar los cultos religiosos ni los aportes por diezmos y ofrendas, sino las actividades mercantiles que producen utilidades. Según la Dian, el patrimonio líquido de las iglesias en Colombia asciende a 19 billones de pesos, equivalentes a casi el 2% del PIB nacional. Por esa razón, desde el Congreso, varios parlamentarios han intentado en el pasado sin éxito impulsar proyectos similares.
Voces de rechazo desde el sector religioso
Como era de esperarse, la iniciativa ha generado rechazo en sectores religiosos. El pastor huilense Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar, también contador público, señaló que gravar con impuestos las actividades mercantiles de las iglesias “desconoce la misión social que estas cumplen”. Según él, los recursos que se generan “no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales que llegan donde muchas veces el Estado no alcanza”.
El líder cristiano admitió que existen casos aislados en los que se han presentado escándalos por enriquecimiento ilícito, pero aclaró que para ellos ya hay leyes específicas que deben aplicarse con rigor: “En lugar de imponer cargas fiscales generalizadas, debería reconocerse y fortalecerse el rol de las iglesias como aliadas en la construcción del tejido social”.
En la misma línea, Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de la Alcaldía de Neiva, invitó a realizar una valoración seria sobre el costo social de un eventual impuesto. “La mayoría de iglesias realizan actividades que pueden catalogarse como comerciales, pero su fin último es sostener la labor espiritual y social. Su objetivo no es el enriquecimiento, sino la construcción de tejido social”, aseguró.
Otro líder religioso, Rubén Darío Figueroa Muñoz, pastor cristiano, enfatizó que las iglesias no deberían pagar impuestos porque trabajan en beneficio de las comunidades. Incluso propuso lo contrario: que reciban recursos del Estado para financiar proyectos sociales dirigidos a familias, niños y jóvenes. “No es pertinente que el Estado ponga impuestos a las actividades religiosas, sabiendo que los dineros que recogemos por donaciones son invertidos en la comunidad”, puntualizó.
Argumentos a favor del impuesto
Por otro lado, organizaciones como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – De justicia, han sostenido que es necesario revisar las exenciones tributarias de las iglesias bajo los principios del Estado laico.
En un estudio de 2022, De justicia advirtió que el país pierde recursos de dos formas: por un lado, las exenciones tributarias en renta y predial, que operan como un subsidio indirecto; y por otro, la financiación directa que reciben instituciones religiosas en el marco de la política de libertad de culto. Según el análisis, estas exenciones terminan favoreciendo a quienes practican religiones institucionalizadas, mientras excluyen a quienes no pertenecen a ellas, lo que puede vulnerar la libertad de creencias.
El estudio también señala que, aunque algunas iglesias luchan por sostenerse, otras han acumulado grandes fortunas y, en casos extremos, se han convertido en plataformas para el lavado de activos, sin un control estatal riguroso.
El reto de la reforma
La reforma tributaria del Gobierno pretende recaudar 26,3 billones de pesos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026. Sin embargo, la oposición de sectores religiosos y la resistencia de algunos congresistas ponen en riesgo esta iniciativa. El debate sobre si las iglesias deben o no pagar impuestos por sus negocios seguirá siendo un punto álgido en la discusión legislativa.
