La crisis del sector arrocero en el Huila continúa escalando, y ahora se suma una nueva voz de protesta: la del resguardo indígena Páez Bache, que decidió unirse al paro en apoyo a los productores agrícolas de la región y para denunciar el incumplimiento de compromisos estatales que afectan directamente a su comunidad.
Según Tatiana Puente, alcaldesa indígena y vocera del resguardo, entre 20 y 25 comuneros se movilizan diariamente en el punto de manifestación ubicado cerca del peaje en la vía Neiva-Bogotá. Allí expresan su solidaridad con los arroceros y, al mismo tiempo, exigen soluciones a problemas que vienen acumulándose desde hace años sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales y nacionales.
“El arroz es la base de nuestra economía. No solo apoyamos a los productores, sino que también estamos reclamando por nuestros propios derechos vulnerados. Hay promesas incumplidas y proyectos abandonados que nos tienen en crisis”, manifestó Puente.
Uno de los principales reclamos de la comunidad está relacionado con un proyecto de riego que fue iniciado en la zona rural de Neiva durante el gobierno anterior, con una inversión inicial cercana a los 3.000 millones de pesos. Aunque la obra fue entregada, actualmente no está en funcionamiento, lo que ha dejado sin acceso a agua a las áreas productivas del resguardo indígena.
“La administración actual, en cabeza del alcalde Germán Casagua Bonilla, no ha retomado ni puesto en operación el proyecto. Esta omisión afecta directamente nuestra producción agrícola y la seguridad alimentaria de la comunidad”, denunció la líder indígena.
En el municipio de Palermo, la situación también genera inconformidad. Los comuneros señalan que, pese a haber presentado proyectos y propuestas para el uso de recursos de regalías y participación, estos no han sido ejecutados ni priorizados por las autoridades locales, lo que se traduce en un estancamiento del desarrollo comunitario y productivo.
El respaldo del resguardo Páez Bache al paro arrocero se produce tras el fracaso de las negociaciones entre el gremio y el Gobierno Nacional, lo que ha intensificado las tensiones en los puntos de bloqueo y manifestación en varios municipios del departamento.
Desde el movimiento indígena, la exigencia no solo es de inversión, sino también de respeto a los acuerdos establecidos, inclusión efectiva en los procesos de planificación regional y cumplimiento de lo pactado con las comunidades rurales.
La situación refleja una creciente frustración en distintos sectores sociales del Huila, que ven con preocupación la falta de acciones concretas frente a sus necesidades estructurales. Tanto los productores agrícolas como las comunidades indígenas coinciden en que sin voluntad política, los problemas del campo continuarán profundizándose.
