El proyecto de remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva sigue en carrera. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó la medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo Municipal 036 de 2025, mediante el cual el Concejo autorizó al alcalde Germán Casagua Bonilla a contratar un crédito público por $28.000 millones destinados a la rehabilitación de la tribuna occidental y la pista atlética del escenario deportivo.
Con esta decisión, la administración municipal obtiene, por ahora, un nuevo respaldo jurídico para continuar con el proceso de financiación, aunque el debate judicial aún no concluye. El juez consideró que, en esta etapa inicial del proceso, no existen argumentos suficientes ni pruebas claras que permitan suspender los efectos del acto administrativo demandado.
La medida cautelar había sido solicitada dentro de una acción de nulidad absoluta interpuesta por el ciudadano Omar Yesid León Alonso, quien cuestiona la legalidad del acuerdo aprobado por el Concejo. Según el demandante, el empréstito habría sido autorizado sin una adecuada evaluación de sostenibilidad fiscal y desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al considerar erróneamente el estadio como espacio público y no como un equipamiento estructurante. A su juicio, esta omisión vulneraría disposiciones de la Ley 388 de 1997 y la Ley 819 de 2003.
El accionante también advirtió que la ejecución inmediata del crédito y la pignoración de rentas municipales podrían generar un daño fiscal y social irreparable, al comprometer recursos destinados al gasto social prioritario. No obstante, el despacho judicial concluyó que dichas afirmaciones no fueron sustentadas de manera concreta ni demostraron, de forma evidente, la presunta violación normativa exigida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para decretar una suspensión provisional.
En su decisión, el juez Miguel Augusto Medina Ramírez recordó que las medidas cautelares son excepcionales y solo proceden cuando la infracción surge de manera clara y directa del análisis del acto demandado, sin que ello implique un estudio de fondo. Además, señaló que no le corresponde al juez, en esta fase, realizar una revisión oficiosa y exhaustiva de toda la normativa invocada, labor que se adelantará al momento de dictar sentencia.
El juzgado también tuvo en cuenta que, sobre un asunto similar, ya existía una decisión previa del Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que negó la suspensión provisional de otro acuerdo relacionado con operaciones de crédito público, al considerar que sus efectos ya habían sido consumados. En ese sentido, el Sexto Administrativo optó por mantener coherencia judicial y preservar la seguridad jurídica, evitando decisiones contradictorias entre despachos homólogos.
Aunque el fallo permite que el acuerdo municipal continúe vigente, el juez fue claro en señalar que la negativa de la medida cautelar no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del endeudamiento. El proceso de nulidad seguirá su curso normal y será en la sentencia donde se adopte una decisión de fondo.
De manera adicional, el Juzgado Sexto ordenó la acumulación de otras dos demandas similares que cursaban en los juzgados Tercero y Décimo Administrativos de Neiva, promovidas por distintos ciudadanos pero dirigidas contra el mismo acto administrativo. Las tres acciones serán tramitadas de forma conjunta y darán lugar a una sola sentencia, con el fin de evitar fallos contradictorios y garantizar seguridad jurídica. El Sexto Administrativo asumió la competencia definitiva del caso, al haber sido el primero en notificar el auto admisorio al Municipio.
Entre tanto, el alcalde Germán Casagua confirmó que el contrato del crédito ya fue suscrito con una entidad financiera, aunque no precisó el nombre de la banca. Aclaró que el municipio no está pagando intereses hasta que no se realice el primer desembolso y que actualmente se adelanta la documentación necesaria para continuar con el proceso contractual que permitirá iniciar las obras.
“El fallo ratifica que hemos actuado conforme a la ley. Seguimos avanzando con tranquilidad y abiertos a atender cualquier requerimiento ciudadano o de los entes de control”, manifestó el mandatario, quien evitó hablar de victorias y reiteró que el objetivo es dar solución definitiva a una obra inconclusa que por más de una década ha simbolizado abandono y corrupción para la ciudad.
El crédito aprobado, con 15 votos a favor y 4 en contra en el Concejo de Neiva, tendrá un plazo de 10 años, con tres años de gracia. Los recursos se destinarán a la demolición y reconstrucción de la tribuna occidental y la pista atlética, una intervención que tendrá una duración estimada de 18 meses y un costo superior a los $56.000 millones, financiados en partes iguales por la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva. No obstante, la remodelación total del estadio supera los $176.000 millones, por lo que las restantes tribunas deberán ser asumidas en futuras administraciones.
Por ahora, el proyecto sigue en juego. El árbitro judicial aún no ha pitado el final, pero la administración municipal mantiene la vía libre para avanzar mientras se define el fallo definitivo.
