La detención domiciliara de Álvaro Uribe Vélez no debe tomarse como un triunfo político, ni debe ser el caballito de batalla de campañas electorales de ningún sector
Por: Esteban Valderrama
La detención domiciliaria con la que se cobija al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, no es un triunfo para ningún sector político, ni el caballito de batalla de futuras campañas electorales, por el contrario, es el deber legítimo de las instituciones que administran el poder judicial de Colombia.
Como ser humano y defensor de los derechos de la humanidad lamento el dolor que sufre la esposa y los hijos del señor Uribe Vélez por la restricción a su libertad. Como demócrata que soy, rodeo, respaldo y apoyo la decisión de la corte suprema de justicia, que aplica las plenas garantías y el poder judicial en un caso de gran relevancia nacional, como este.
Empecemos por mencionar que la Corte Suprema de Justicia, no ha emitido un fallo de fondo, es decir, aún los magistrados no culpan, ni absuelven a Uribe sobre los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Esto lo que quiere decir es que Uribe todavía no ha sido declarado inocente o culpable, solo se emitió una orden de medida de aseguramiento al Ex presidente. La Corte explicó en su comunicado que amparó su fallo en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado (en este caso Uribe) podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba” entre otras actuaciones. Asimismo, subrayó que la medida fue adoptada “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran” a Uribe.
Esta investigación inició porque en primera instancia el senador Uribe demandó al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por supuesta fabricación de testigos en una investigación de 2018 en la que, el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe estaba intentando torcer el testimonio de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia. Así las cosas, Uribe deberá defenderse privado de su libertad en su hacienda el Ubérrimo.
Según Uribe, los pagos a dichos testigos fueron hechos por su abogado, Diego Cadena, sin que él lo supiera, por lo que ahora Cadena también es investigado y puede ir a prisión en una decisión que se prevé sea anunciada hoy jueves.
El caso también involucra al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, a quien el alto tribunal le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice, conducta que, para la Corte, “no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso”.
Después del anuncio en twitter del ex presidente, donde confirmaba la medida de aseguramiento, se conocieron múltiples reacciones por diferentes actores de la esfera pública nacional en favor y en contra de la decisión. Por un lado, el Uribismo plantea que la corte está politizada y que no brinda las plenas garantías para la defensa del senador y preparan la arremetida para la justicia. Por el otro lado se encuentra la oposición que plantea el apoyo y respaldo a la corte, lo más lógico en un estado social de derecho.
La oposición plantea el apoyo al poder judicial, respalda la decisión tomada en derecho por la Corte Suprema de Justicia e invita a fortalecer el respeto y confianza por las instituciones del Estado Social de Derecho, aunque estén de acuerdo con el Uribismo en plantear que la justicia necesita una reforma que convierta a la administración de justicia en un proceso más ágil y donde los magistrados sean elegidos por méritos que no de paso a la burocracia.
Ahora bien, por más oposición que exista, los ciudadanos no pueden concebir esta detención como un triunfo político. No es una guerra de poderes, es el Estado Social de Derecho en su máxima expresión, nadie está por encima de la justicia.
De otro modo, desde la otra orilla, los Uribistas amenazan y presionan la justicia colombiana anunciando reformas ineficientes a la justicia, materializando el revanchismo a su máxima expresión. No nos gustó la corte, la cambiamos; no nos gustaron los jueces, los cambiamos. Visto de otro modo, parecen niños de kínder cambiando las reglas de juego a mitad de camino porque van perdiendo el chico, es decir hacer las leyes a su medida, implacables con quienes se les oponen, pero dóciles y condescendientes con los delitos de los suyos, muy al estilo del Madurismo.
Así mismo, se evidencia el desespero por el centro democrático por la pérdida de libertad de su líder natural, Uribe Vélez, que hasta se les olvidó el principio de independencia de poderes plasmada en la constitución política que dicen defender, pues el presidente Duque se extralimitó al emitir comunicados públicos sobre la detención de Uribe y exigiendo a la corte fallar en derecho, una acción a todas luces dictatorial que terminan por presionar a la justicia.
Mientras tanto, los seguidores de Uribe plantean que es inocuo que los guerrilleros de las FARC estén el congreso y Uribe, que tanto las combatió, preso. Estas afirmaciones son completamente salidas de contexto, pues la Corte no está investigando si Uribe combatió o no a los grupos armados ilegales en el país, la corte está respondiendo a una pregunta clara, ¿Uribe manipuló o torció testigos a su favor incurriendo en el delito de fraude procesal?
Mencionar a las FARC en un caso donde nada tiene que ver, es politizar la justicia, lo mismo que le están criticando a la corte. Es decir ¿Qué tiene que ver Petro y las FARC con que Uribe sea el posible determinador de manipulación de testigos y de un fraude procesal? ¿Cómo puede ser un montaje de Cepeda, Petro y las FARC si los interceptados son paramilitares que resultaron cercanos a Uribe?
Así las cosas, que Uribe este detenido en su finca no es un triunfo para la izquierda, ni la derrota de la derecha. La puja por encontrar la verdad de estos hechos apenas inicia, incluso en medio del proceso, los magistrados podrían encontrar que Uribe no tendría nada que ver con esta supuesta manipulación de testigos, dejarlo libre y declarar su inocencia o, todo lo contrario, encontrar a Uribe culpable como determinador de los hechos y ordenar una condena para el ex presidente.
Lo cierto del caso es que aún nada está dicho y todo puede ser posible, no gana la derecha ni la izquierda, gana el Estado Social de Derecho, el mismo que Uribe se ha desgastado en mencionar que defiende.
PD: Seguimos esperando que el acalde de Garzón, Leonardo Valenzuela Ramirez, se pronuncie con hechos concretos sobre la #Matrícula0
PD2: ¿Por qué la secretaría de Salud de Garzón estaría levantando aislamientos a persona positivas por Covid-19 sin siquiera tomar una segunda prueba?
