Luis Fernando Velasco vuelve a quedar bajo detención por el escándalo de la UNGRD

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá impuso nuevamente una medida restrictiva de la libertad al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien permanece vinculado al proceso por el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión, conocida este miércoles 19 de agosto, establece la detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra, apenas dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su libertad mediante un fallo de tutela.

La Fiscalía sostiene que Velasco habría tenido participación en un esquema destinado a direccionar contratos públicos para favorecer a determinados congresistas. De acuerdo con la investigación, estarían comprometidos tres contratos de obra e interventoría por aproximadamente $90.000 millones, relacionados con proyectos en Cotorra, Córdoba; El Salado, Bolívar; y Saravena, Arauca. El exministro enfrenta señalamientos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Tribunal emitió una nueva medida de aseguramiento en contra del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Según los elementos expuestos por la Fiscalía, durante reuniones realizadas en Bogotá se habría discutido la entrega de contratos y cupos de inversión a cambio de respaldo político a iniciativas del Gobierno Nacional. La investigación también señala presuntas gestiones relacionadas con proyectos del Invías que habrían beneficiado los intereses de congresistas. Estos señalamientos hacen parte del expediente y deberán ser demostrados dentro del proceso judicial, por lo que no constituyen una condena contra el exministro.

La nueva decisión vuelve a poner el escándalo de la UNGRD en el centro del debate nacional y mantiene a Velasco enfrentando un proceso de alto impacto político y judicial. La medida fue adoptada tras la solicitud de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, quien argumentó la gravedad de los hechos investigados y su posible afectación a la administración pública y los recursos de la Nación. Ahora será la justicia la encargada de determinar si las acusaciones contra el exministro se sustentan y establecer las responsabilidades que correspondan.

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