Un nuevo hecho de violencia sacude al sur del Huila. Tres jóvenes fueron asesinados en la vereda El Mirador, zona rural del corregimiento La Laguna, en el municipio de Pitalito, en un caso que ya fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 32 registrada en Colombia durante el año 2026.
Las víctimas fueron identificadas como Cristian Erik Anacona Muñoz (18 años), Fabián Andrés Piamba (25 años) y el menor de edad Jhon Alexis Lasso Piamba (15 años), quienes murieron tras ser atacados con arma de fuego por hombres armados.
De acuerdo con las primeras versiones, los jóvenes se encontraban frente a una vivienda, al parecer realizando labores cotidianas como el lavado de una motocicleta, cuando fueron sorprendidos por sujetos que llegaron en otra moto y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito; sin embargo, ingresaron sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades han señalado como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas, aunque esta línea de investigación continúa en verificación. Según información preliminar de la Policía Huila, el menor no registraba antecedentes judiciales, mientras que uno de los adultos, Fabián Piamba, presentaba anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Este hecho violento ocurre en un contexto de alta complejidad en la zona rural de Pitalito, donde hacen presencia grupos armados ilegales como el Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, el Frente Rodrigo Cadete del Ejército de Liberación Nacional (EMBF) y otras estructuras delincuenciales de carácter local.
Indepaz también ha advertido sobre el riesgo persistente en la región, recordando que la Defensoría del Pueblo emitió las alertas tempranas AT 013/25 y AT 001/25, en las que se advierte sobre posibles violaciones a los derechos humanos derivadas de disputas entre grupos armados, la fragmentación de estructuras ilegales y la imposición de normas por fuera de la ley en estas comunidades.
Por su parte, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan operativos conjuntos para dar con el paradero de los responsables y esclarecer lo ocurrido.
En medio del dolor, líderes comunitarios han iniciado jornadas solidarias para apoyar a las familias de las víctimas, quienes enfrentan dificultades económicas para asumir los gastos funerarios. Este nuevo episodio de violencia reaviva la preocupación por la seguridad en el sur del departamento.
