La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una grave advertencia sobre la situación que enfrentan las comunidades rurales de los departamentos de Huila y Caquetá, donde los grupos armados no estatales imponen control social y generan un ambiente de violencia e intimidación.
Según la ONU, las comunidades campesinas viven bajo constante presión debido a las amenazas, agresiones, homicidios, extorsiones y ataques contra la población civil, en un contexto marcado por la precaria presencia del Estado en amplias zonas rurales.
En el caso del Huila, la situación es catalogada como alarmante. Líderes y lideresas sociales son declarados “objetivo militar” y enfrentan múltiples formas de hostigamiento. “Hay miedo para ir a la huerta, a la escuela o incluso para hablar”, relataron pobladores a la ONU durante las visitas de verificación.
El representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, recorrió recientemente comunidades en el departamento y constató los graves impactos de la violencia armada. Entre ellos se destacan el reclutamiento forzado de menores, la desaparición temporal de niñas y los homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
En lo corrido de 2025, tres defensores han sido asesinados en el Huila, lo que agudiza la crisis de protección.
Uno de los episodios más críticos se presentó el pasado 18 de septiembre en Belén, zona rural de La Plata, donde cerca de mil campesinos fueron obligados por un grupo armado a movilizarse para exigir la retirada del Ejército de la región, lo que refleja la capacidad de intimidación de estas estructuras ilegales.
La ONU llamó al Estado colombiano a garantizar derechos básicos como la educación y el acceso al agua potable, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar medidas que protejan a la niñez del reclutamiento forzado y a las comunidades rurales de la confrontación armada.
En su visita, Campbell sostuvo un encuentro con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, con quien abordó la crisis y respaldó las iniciativas regionales dirigidas a prevenir el reclutamiento infantil y fortalecer la presencia institucional en los territorios más golpeados por la violencia.
Con este pronunciamiento, Naciones Unidas busca visibilizar la urgencia de una respuesta integral del Estado para frenar el deterioro humanitario en el sur del país.
