La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) atraviesa una situación financiera y administrativa compleja mientras enfrenta la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad quedó en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, luego de las investigaciones por el presunto direccionamiento y desvío de recursos públicos durante su administración.
El actual director de la UNGRD, David Tamayo, advirtió que encontró una institución con limitaciones económicas, compromisos pendientes y una planta de personal reducida. Según explicó, actualmente se dispone inicialmente de alrededor de 30.000 millones de pesos para atender parte de las necesidades generadas por el terremoto, mientras se gestionan recursos adicionales para responder a los damnificados.
La situación representa un desafío adicional para la entidad, que debe atender a las comunidades afectadas mientras intenta superar los problemas administrativos heredados. Tamayo señaló que existen contratos represados, obligaciones pendientes y dificultades con algunos proveedores, factores que han complicado la capacidad de respuesta de la institución en medio de la emergencia.
Frente a este panorama, la UNGRD anunció un plan de choque para fortalecer su operación y priorizar la atención de las familias afectadas. El nuevo Gobierno tendrá ahora el reto de recuperar la capacidad de la entidad y garantizar que los recursos destinados a la gestión del riesgo lleguen efectivamente a quienes los necesitan, mientras avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con el escándalo de corrupción que golpeó a la institución durante el anterior Gobierno.
