El populismo punitivo tras la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores
Por: Esteban Valderrama
Antes de explicar porque en mi opinión la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es inconstitucional, me permitiré dirimir la dicotomía de quienes están a favor o no del bienestar de los menores de edad. La protección de los niños, niñas y adolescentes debe primar en todos los ámbitos como la salud, justicia, educación, bienestar, protección y oportunidades, sin desligarse de la constitución colombiana.
Creo que la gran mayoría de habitantes del país reprochamos los delitos cometidos contra menores de edad en Colombia, y si, tal vez las penas deban ser duras con los perpetradores de estos descabellados hechos. Pero es necesario explicar porque la ley en mención termina siendo el mero populismo puro y duro. Aquí siete razones para entenderlo.
- Agravar las penas no disminuye la posibilidad del delito: En Colombia ya hay una pena de casi 60 años para delitos de violencia sexual, que en términos prácticos es una cadena perpetua. Sin embargo, los violadores siguen existiendo y el delito se sigue repitiendo todos los días en todos los rincones del país.
- La cadena perpetua no promueve la eficacia del sistema judicial: La real eficacia preventiva sancionatoria ocurre cuando un sistema de justicia funciona bien, es decir, captura y judicialización de los infractores de manera oportuna. En Colombia, la experiencia práctica nos ha demostrado que nuestro sistema judicial es lento y garante de los infractores que, en muchas ocasiones terminan libres por vencimiento de términos o falta de pruebas.
- Elimina y desconoce el fin constitucional de la resocialización: En Colombia el objetivo constitucional de la pena es la reintegración de la persona a la sociedad, elemento que se elimina de facto con esta ley violando el principio de constitucionalidad.
- El mantenimiento de una persona en la cárcel: Al estado colombiano le cuesta más de 2 millones de pesos mensuales un reo en la carcel, esto se traduce en 24 millones al año. Estos dineros podrían destinarse en políticas de prevención de la violencia sexual o reparación de víctimas. Además, esta situación incrementa los niveles de hacinamiento en los centros carcelarios.
- La cadena perpetua no contempla políticas de prevención de la violencia sexual: Las políticas públicas para la prevención de violencias sexuales deberían identificar los focos del problema, establecer alarmas previas y garantizar el acompañamiento psicológico y jurídico del caso.
- No garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Para que realmente funcione, la política criminal debe articularse al sistema educativo, de salud y protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
- La violencia sexual es un problema estructural de la sociedad Colombiana Patriarcal: La cadena perpetua no soluciona ninguna de las causas que producen la violencia sexual.
La ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es una ley populista. A ojos de la opinión publica estaría bien, pues los autores criminales estarían literalmente pudriéndose en una cárcel. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿con eso disminuimos que se sigan presentando violencias sexuales contra ellos? No verdad.
El congreso jugó a dárselas de Poncio Pilatos y se lavó las manos aprobando una ley que para la inmensa mayoría es justa, pero que viola el principio de constitucionalidad empezando porque en el país está prohibida la cadena perpetua. Aquí el congreso saldrá triunfante y como héroe de las “causas justas” del país.
A quien no le ira bien es a la corte constitucional, quien evaluará la viabilidad constitucional de la mencionada ley que, desde ya, se sobre entiende caída pues viola principios constitucionales, es decir que la corte tendrá la dura tarea de salvaguardar la carta magna y su legítimo cumplimiento, para ello tendrán que tumbar la ley o solicitar su revisión de nuevo entendiendo que no está acorde a lo pactado en ella.
Así las cosas, no queda más que decir que aprobar una ley que viola la constitución para obtener aprobación de la población no es más que el resultado del pan y circo al que nos tienen acostumbrados en el congreso, populismo puro y duro.
Ahora la pelota está en la cancha de la constitucionalidad, quienes se llevarán el rechazo de la sociedad, pues para el de a pie, es ilógico que la justicia se oponga al castigo para los perpetradores de violaciones y asesinatos de niños.
Lo que debieron aprobar es una jurisdicción especial para el trámite y judicialización de delitos contra menores de edad ágil, robusto, justo, sin discriminación y donde el menor sea el centro de esta.
Posdata: Candidata al reinado popular del bambuco en Neiva fue diagnosticada con coronavirus. Ojalá esta situación no se presente en Garzón por la irresponsabilidad de sus gobernantes, máxime cuando nos enfrentamos al inicio desbordado de contagios en el país que a hoy dejan un saldo de 71. 183 contagios y más de 2.000 muertos.
