María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresó una postura crítica frente a lo que calificó como un inesperado reversazo por parte de la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso judicial que investiga el asesinato de su esposo.
Las declaraciones de Tarazona reflejan no solo el profundo impacto emocional que ha dejado la pérdida, sino también su inconformidad con decisiones que, a su juicio, afectan la credibilidad de la justicia y el avance de la investigación. Según explicó, el anuncio inicial realizado por el ente investigador había generado la expectativa de que finalmente se empezarían a esclarecer posibles responsabilidades institucionales en el caso.
Sin embargo, horas después, la Fiscalía habría cambiado su postura. “Cuatro horas después nos informaron de un reversazo”, afirmó Tarazona, señalando que este giro fue interpretado por la familia como un retroceso dentro del proceso judicial y un golpe a la esperanza de verdad y justicia.
La viuda del senador también cuestionó la forma en que se adoptan este tipo de decisiones, subrayando el impacto humano que conllevan. “Están en juego las emociones de una familia que ha sufrido una pérdida irreparable”, manifestó, al tiempo que pidió mayor sensibilidad y coherencia en el manejo del caso.
Solicitudes sin respuesta
Uno de los puntos más sensibles abordados por Tarazona tiene relación con la actuación previa de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De acuerdo con su versión, antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay se habrían realizado más de 25 solicitudes de refuerzo de seguridad, las cuales no fueron atendidas de manera efectiva.
“Existían alertas específicas sobre riesgos que no recibieron una respuesta adecuada”, sostuvo, insistiendo en que estos hechos deben ser tenidos en cuenta dentro de la investigación para establecer eventuales responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.
Las declaraciones de Tarazona reavivan el debate público sobre las fallas en los esquemas de protección, la transparencia en los procesos judiciales y la necesidad de garantizar justicia efectiva para las víctimas y sus familias.
