La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Defensa que entregue, en un plazo de cinco días hábiles, toda la información contractual relacionada con la adquisición de 17 aviones Gripen, un acuerdo firmado con la empresa sueca SAAB. La medida se da en el marco del control fiscal preventivo, que permite a la entidad revisar contratos de alto impacto mientras se encuentran en ejecución.
En un oficio dirigido al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Contraloría pidió la copia completa del expediente contractual, incluyendo documentos precontractuales, el contrato con la empresa que asesoró al Ministerio y los soportes de todas las alternativas evaluadas antes de seleccionar los Gripen, como aviones franceses o modelos F-16, junto con las justificaciones técnicas, legales y económicas que respaldaron la elección final.
El requerimiento surge tras la divulgación del contrato en medios de comunicación, que revelaron que la compra de los aviones Gripen E y F asciende a 16,5 billones de pesos, incluyendo el pago de vigencias futuras hasta 2032 y considerando fluctuaciones económicas y del euro, según informó el presidente Gustavo Petro.
La Contraloría fundamenta su intervención en la magnitud del contrato y la necesidad de garantizar que los recursos públicos sean administrados de manera transparente y responsable. Asimismo, busca verificar que la selección del proveedor y la evaluación comparativa entre diferentes aeronaves se haya realizado con base en criterios técnicos, legales y económicos sólidos.
El documento oficial resalta que la reserva de información no puede invocarse frente a sus requerimientos, subrayando la importancia de contar con acceso completo al expediente para un análisis detallado y objetivo. La solicitud también responde a las inquietudes planteadas en medios sobre el costo y la selección del Gripen, asegurando que la Contraloría pueda emitir conclusiones fundamentadas sobre la contratación y su impacto fiscal.
Con esta medida, la Contraloría reafirma su papel de vigilancia y control sobre recursos públicos de alto valor, procurando que las decisiones estratégicas del Estado, como la renovación de la flota aérea, se desarrollen con transparencia y responsabilidad.
