La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que la entidad está evaluando la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien propuso visitar la cárcel de Itagüí para explorar posibles beneficios jurídicos en el marco del diálogo con estructuras criminales en Medellín.
Durante una rueda de prensa, la fiscal afirmó que la propuesta presidencial está siendo examinada internamente, y que existe disposición para participar en las mesas de diálogo siempre que se respete el marco legal. “Estamos hablando de personas que se someten a la justicia, y eso implica reconocer conductas punibles y desmantelar estructuras. Es un tema que atañe directamente a la Fiscalía”, explicó.
El presidente Petro había hecho la solicitud durante el evento público realizado el sábado en Medellín, conocido como el “plazoletazo”, en el que participaron nueve jefes criminales. Allí propuso buscar salidas jurídicas a cambio de la dejación definitiva de armas, extorsión y otros delitos.
Camargo advirtió que el tema es complejo, ya que muchas de las personas que se pretende incluir en estos diálogos ya están condenadas, por lo que no podrían acogerse a mecanismos de sometimiento previstos en la Ley de Paz Total. Aun así, reconoció que desde las cárceles se siguen operando muchas estructuras delincuenciales, fenómeno que también afecta regiones como el Valle del Cauca y Nariño.
“Tenemos interés en participar, pero hay que definir cómo. El ministro de Justicia ya nos manifestó su intención, y lo haremos también en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, precisó la fiscal.
El presidente Petro, por su parte, ha defendido el encuentro con los cabecillas criminales asegurando que no se trató de un acto con delincuentes, sino con personas en proceso de rehabilitación. Según el mandatario, lo que se busca es avanzar en pactos de paz barriales con enfoque restaurativo.
Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas en distintos sectores políticos, en organizaciones de víctimas y autoridades locales, que ven con preocupación el mensaje de impunidad que podría enviarse al permitir la participación de personas condenadas en espacios públicos junto al Ejecutivo.
Jorge Mantilla, experto en seguridad, advirtió que estos actos pueden “normalizar” el poder de las bandas y blanquear la imagen de sus cabecillas. “La percepción que queda es de trato preferencial, en un proceso sin hoja de ruta jurídica clara, lo cual incrementa la polarización”, señaló.
Desde el Congreso, la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del diálogo con bandas criminales, confirmó que ya se trabaja en una visita conjunta del presidente y la fiscal a la cárcel de Itagüí para definir los alcances legales del proceso.
