Las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia enfrentarían graves riesgos para la libertad y autonomía del voto en amplias zonas del país, debido a la posible injerencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Así lo advierte una investigación de la Revista Semana, sustentada en informes de inteligencia y testimonios recopilados en distintas regiones del territorio nacional.
Según el informe, estas estructuras armadas estarían planeando intervenir de manera directa en el proceso electoral, aprovechando su control territorial y la débil presencia del Estado en numerosas zonas rurales y periféricas. La investigación alerta que más de 600 municipios registrarían algún grado de riesgo de interferencia armada, una cifra superior a la reportada en procesos electorales anteriores.
El objetivo de estos grupos sería consolidar su dominio político y social mediante la manipulación de los resultados electorales. Para ello, recurren a intimidaciones, amenazas, restricciones a la actividad política y control sobre las comunidades, lo que limita seriamente la posibilidad de realizar campañas libres, organizar reuniones políticas o ejercer el derecho al voto sin presiones.
Los reportes señalan que, en varias regiones, los grupos armados imponen reglas de comportamiento político, definen qué candidatos pueden hacer campaña y cuáles deben retirarse, e incluso dictan preferencias electorales bajo amenazas de violencia. En algunos casos documentados, hombres armados habrían vigilado centros de votación, generando un ambiente de miedo entre electores, jurados y líderes comunitarios.
Esta situación vulnera principios fundamentales de la democracia, como el sufragio libre, secreto y sin coacción, y convierte las urnas en espacios de control forzado. Las comunidades afectadas enfrentan un escenario en el que la participación política se da bajo presión, lo que distorsiona la voluntad popular y debilita la legitimidad del proceso electoral.
Zonas con mayor riesgo
Las alertas se concentran especialmente en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Catatumbo, amplias zonas del Cauca, Nariño y el litoral Pacífico, donde la disputa entre diferentes estructuras ilegales intensifica la violencia y amplía su capacidad de influencia política. En estos territorios, la rivalidad entre grupos armados incrementa la inseguridad y profundiza la vulnerabilidad institucional.
Autoridades locales, líderes sociales y sectores políticos han expresado su preocupación ante la magnitud de los riesgos y han advertido que, sin acciones contundentes, el proceso electoral podría verse seriamente comprometido. Entre las medidas urgentes solicitadas se encuentran el refuerzo de la vigilancia electoral, el fortalecimiento de la inteligencia estratégica, una mayor presencia de la Fuerza Pública y garantías reales de seguridad para candidatos, votantes y funcionarios electorales.
Expertos consultados coinciden en que, de no implementarse intervenciones robustas y coordinadas, las elecciones de 2026 podrían desarrollarse en un entorno de coacción y violencia, perpetuando la influencia ilegal de los grupos armados sobre la política local y nacional, y poniendo en riesgo la transparencia y legitimidad de la democracia colombiana.
