La violencia que continúa afectando al Cauca volvió a convertirse en motivo de confrontación política, luego de que sectores cercanos al petrismo reclamaran al presidente electo Abelardo de la Espriella respuestas frente a la situación de seguridad en el departamento. Sin embargo, el cuestionamiento genera críticas, teniendo en cuenta que el actual Gobierno todavía tiene bajo su responsabilidad la conducción de la política de seguridad nacional.
El reclamo también pone sobre la mesa el balance de los cuatro años de la administración de Gustavo Petro, especialmente de su estrategia de “Paz Total”, que fue presentada como una alternativa para reducir la violencia mediante negociaciones con grupos armados. Pese a ello, en distintas regiones del país han persistido enfrentamientos, extorsiones, desplazamientos y ataques contra la población civil, lo que ha generado cuestionamientos sobre los resultados de dicha política.
Desde una mirada crítica, responsabilizar anticipadamente al próximo Gobierno por hechos ocurridos antes de su llegada al poder puede convertirse en una herramienta de confrontación política. No obstante, De la Espriella también tendrá que asumir, una vez posesionado, la responsabilidad institucional de demostrar que su estrategia de seguridad puede ofrecer resultados concretos en territorios históricamente golpeados por los grupos armados.
El debate, finalmente, no debería quedarse en el intercambio de señalamientos entre sectores políticos. La realidad es que los habitantes del Cauca necesitan seguridad y presencia efectiva del Estado, más allá de quién gobierne. La discusión debería centrarse en evaluar qué políticas han funcionado, cuáles han fallado y qué medidas concretas se implementarán para recuperar el control territorial.
