El subgerente Técnico Científico del Hospital Universitario de Neiva, Nelson Leonardo Fierro González, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación, tras ser señalado de presunto acoso laboral y sexual contra la médica psiquiatra María Jimena Medina Palomino, quien laboraba en la Unidad de Salud Mental del centro asistencial.
El proceso es adelantado por el procurador Regional de Instrucción del Huila, Jorge Antonio Vásquez Subiroz, quien formuló pliego de cargos al considerar que existen elementos suficientes para inferir una posible falta disciplinaria, presuntamente cometida en un contexto de relación jerárquica y asimetría de poder.
De acuerdo con el documento de cargos, los hechos denunciados se habrían presentado desde el inicio del proceso de vinculación laboral de la médica psiquiatra, específicamente a partir del 13 de agosto de 2024, cuando el hospital buscaba cubrir una vacante en la especialidad. Según la denunciante, los presuntos acosos se extendieron de manera continua hasta el 13 de diciembre del mismo año.
La médica María Jimena Medina relató que el presunto hostigamiento se manifestó de forma presencial y virtual, a través de llamadas constantes, mensajes de WhatsApp, invitaciones insistentes, visitas domiciliarias sin consentimiento y ofrecimientos económicos, situaciones que, según la Procuraduría, constituyen indicios prototípicos de acoso sexual y laboral cuando se presentan en contextos de dependencia o poder vertical.
“Las conductas admitidas por el investigado —mensajes persistentes, llamadas en horario nocturno, invitaciones reiteradas, facilidades económicas y visitas domiciliarias—, conforme a la doctrina y la práctica probatoria en materia de violencia de género, son indicios característicos de acoso”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos.
La profesional de la salud indicó que el funcionario le manifestó sentimientos personales no correspondidos y la citaba bajo el argumento de reuniones laborales que terminaban en conversaciones ajenas a lo profesional. Además, aseguró que el comportamiento se tornó intimidante y desgastante, pese a haberle solicitado de manera expresa que cesara cualquier contacto no relacionado con el trabajo.
Según el testimonio, la situación habría derivado en presuntas represalias laborales, luego de que la psiquiatra intentara poner fin al acoso. Entre los hechos más graves relatados, aseguró que se dio la orden de no acatar sus indicaciones médicas, lo que derivó en una agresión física por parte de una paciente en estado de agitación psicomotora, sin que se activaran los protocolos institucionales de seguridad.
La Procuraduría destacó que el testimonio de la denunciante es coherente, reiterado y sin contradicciones, y que debe ser valorado bajo un enfoque de género y de debida diligencia reforzada, dada la naturaleza de los hechos y la relación jerárquica entre el presunto agresor y la víctima.
Asimismo, el ente de control advirtió sobre una presunta estrategia de desacreditación contra la denunciante, al utilizar documentación laboral y referencias a su especialidad médica para cuestionar su credibilidad. “La instrumentalización de información laboral o datos médicos personales para descalificar a una mujer que denuncia violencia constituye una forma de revictimización y discriminación que debe evitarse”, sostuvo el procurador Vásquez Subiroz.
El Ministerio Público aclaró que la ausencia de testigos directos no desvirtúa la denuncia, dado que los comportamientos de acoso sexual suelen ocurrir en escenarios privados y sin presencia de terceros, razón por la cual el testimonio de la víctima adquiere especial relevancia probatoria.
Por su parte, Nelson Leonardo Fierro González negó las acusaciones y afirmó ante el organismo de control que las afirmaciones de la médica son falsas e injuriosas. Señaló que la relación sostenida con ella se dio en un marco de respeto, amistad y trato institucional, y que no existía una relación directa de subordinación, dado que la vinculación laboral se realizó a través de la agremiación sindical Asemho.
No obstante, la Procuraduría concluyó que existen elementos que permiten inferir una eventual falta disciplinaria, al considerar que el funcionario, en su condición de subgerente, habría incumplido su deber de protección, vulnerando el principio de moralidad administrativa y los derechos fundamentales de la denunciante a una vida libre de violencia en el entorno laboral.
“El investigado, presuntamente, incurrió en actos de hostigamiento y asedio de connotación sexual mediados por el género, valiéndose de su posición de poder vertical, lo que configura una conducta reprochable desde el punto de vista disciplinario”, indicó el ente de control.
Con este llamado a juicio, la Procuraduría General de la Nación avanzará en el trámite disciplinario para establecer responsabilidades y determinar las sanciones a que haya lugar, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia de género en las instituciones públicas.
